El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), Ignacio Asumendi, aseguró que el sector sigue padeciendo problemas de demoras vinculadas con la logística de los puntos de carga y descarga, que repercuten en las horas de espera, en la mano de obra y en la rentabilidad del sector.
Asimismo, en diálogo con ComexLatam, sostuvo que esta situación, sumada a otras relacionadas con la normativa, repercuten negativamente en la informalidad de varias empresas, lo que también destruye el mercado.
Asumendi se refirió también a una reunión con las nuevas autoridades y a un plan que fue presentado a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.
¿Cuál es la actualidad del sector?
La realidad es que seguimos con temas estructurales que solucionar. La mano de obra continúa siendo uno de los grandes problemas y esto es asociado a las demoras que tenemos en los puertos, lugares de acopio, depósitos privados de descarga, etcétera. Es algo ajeno al transportista, pero termina afectando a la actividad. Según tenemos entendido el nuevo gobierno quiere hacer un antes y un después con este asunto y reglamentarlo, conjuntamente con el salario. Lo que está sucediendo es que un cargador contrata a un transportista para que vaya a determinado lugar y maneja los tiempos. Pero el transportista llega al puerto de Montevideo, por ejemplo, y sabe a qué hora entra, pero no a qué hora sale. La aduana, la balanza, el Ministerio de Ganadería si toca, la terminal. Todo eso maneja los tiempos y eso complica. Y atrás de la logística está el problema de la mano de obra. Asimismo, relacionado a este problema también está la informalidad del sector y los salarios que no se pagan según la metodología que marca la ley y otras irregularidades. Podríamos decir que las demoras en materia logística están definiendo la informalidad del sector y el rendimiento de los camiones. Termina siendo un tema de costos y rentabilidad.
¿Vislumbran alguna solución?
El nuevo gobierno quiere aplicar un antes y un después. La ministra Etcheverry en la asunción aseguró que quería revolucionar el transporte y nos dijo que este tema le preocupa, porque ve que el sindicato lo ha definido como un tema también de seguridad. Nosotros no lo vemos tan así, porque no es que los choferes conduzcan una cantidad de horas descomunal, sino que esperan una cantidad de horas descomunal. Y no es que no queramos plegarnos a una iniciativa como esta, pero lo que decimos es que no podemos movilizarnos hacia un lugar que los demás no se acoplan.
¿Qué conversaron con la ministra?
Nos reunimos la semana pasada por primera vez y sobre la mesa estuvieron asuntos sobre las demoras, los controles, el funcionamiento de la logística y un plan que nosotros estamos manejando en la interna y del que queremos la devolución de las autoridades. Se trata de un plan para acompasar la cantidad de camiones con respecto a la demanda. Los camiones nuevos se siguen vendiendo, pero los viejos nunca salen. Eso hace que muchas de las empresas sigan en el mercado por inercia, en especial aquellas que no tienen tanta estructura. Entonces, queremos hacer un plan que se financie con un porcentaje de los camiones nuevos, deduciendo una porción de eso, como se hace en todos los esquemas de reciclaje en el mundo. Es decir, que el producto nuevo financie el reciclaje y que, con ese fondo, se compense a quienes sacan un vehículo que reúne determinadas características, como antigüedad, entre otras.
¿Sería una renovación de flota?
Algunos lo pueden tomar como una renovación de flota, acogiéndose al plan y seguir en actividad, pero otros podrían aprovechar el plan para salir de la actividad. Lo novedoso de esto es que no sería compulsivo, sino voluntario, por lo cual sería una válvula en el mercado. Cuando la gente vea que tiene un vehículo que no está en condiciones, que sigue en la actividad por inercia y que el mercado no está respondiendo, puede encuentrar una solución para bajarse de la actividad.
¿Cuál sería el destino de los camiones que saldrían del mercado?
Chatarra; que sea una exigencia que queden en desuso. Hoy, por ejemplo, un vehículo que tiene 30 años no cumple los estándares de emisión de gas. Hay muchas razones por las cuales es deseable sacar determinados camiones de la actividad. Si esos camiones no quedan en desuso, muchas personas entran al sector comprando esos camiones. Y reproducen las viejas prácticas negativas de las empresas que son informales. Eso es lo que se está viendo y no significa que, necesariamente, quien tiene un camión viejo esté en carácter informal.
¿Cuánto es el impacto de la informalidad en el sector?
No hay una medición de porcentaje, pero tenemos claro que es la gran mayoría la que termina adoptando apartamiento de las normas.
¿Qué más incluye ese plan que le presentaron a la ministra?
Este trabajo que hicimos lo presentamos en borrador para que ella nos diera una devolución y ver, de cierta manera, si este plan es viable. El objetivo es bien claro: darle al sector una válvula de escape para contrarrestar los desbalances del mercado. Si esto fuera un mercado de entrada y salida libre, esos excesos de oferta se tendrían que limpiar solos, pero eso no está pasando, ya que los camiones siguen ahí, terminan boyando y algunos se compran. Complementariamente, pensamos en que haya controles, que se fije algún tipo de barrera de entrada y ver la normativa de pesos y dimensiones para que no haya que, necesariamente, comprar nuevos equipos. Hoy tenemos una camada de camiones de entre 5 y 10 años que, por ejemplo, no tienen suspensión neumática. Pero si es un remolque con esa antigüedad, que tiene tres ejes y que se puede enganchar con un tractor de tres ejes, no vemos por qué no pueden autorizar más kilos para circular en un vehículo de esas condiciones. Eso ayudaría a que no saliera todo el mundo a comprar nuevos y haya un exceso de oferta.
También hay interés en el sistema Sigeflot. ¿Van a participar en ello?
Claro, si el gobierno quiere encerrar el problema de la informalidad y de las horas trabajadas en un sistema de este tipo, sin arreglar las bases de la logística y sin arreglar el sistema de pago al transporte para que se adecue a la realidad por el caso de las demoras, no va a ser viable. Por lo tanto, cuando nos digan, nosotros vamos a tratar de participar para que, si sale, sea en las condiciones que nosotros necesitamos. Que se arregle la forma de pago de los salarios y los problemas que hay de fondo con la mano de obra es condición necesaria para aceptar cualquier sistema de esta naturaleza.
¿Qué les dijo la ministra?
Que estaban recién tomando conocimiento del sistema y la documentación y que, cuando lo tengan claro, nos van a llamar para conversar del tema. Quedamos que en 15 días vamos a fijar una agenda de temas.
