Las cámaras empresariales uruguayas vinculadas al sector logístico y de comercio exterior emitieron una declaración apoyando la posición que Uruguay mantiene históricamente en contra de la reserva de cargas en el Mercosur, independientemente del color político del gobierno de turno.
En el marco del Sub Grupo de Trabajo número 5 (SGT5) del Mercosur, que corresponde al sector transporte, este viernes se desarrolló la reunión referida al transporte marítimo y en ella se expuso el contenido de la declaración de las cámaras.
El documento elaborado por los privados dice los siguiente:
“El Centro de Navegación (Cennave), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), la Asociación Uruguaya de Agentes de Carga (Audaca), Latin America Cargo City (LACC – Terminal de Cargas del Uruguay, TCU S.A.), Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY), Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), Cámara Uruguaya de Logística (Calog) y Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), como instituciones integrantes del sector logístico uruguayo, apoyan la decisión que el gobierno uruguayo mantiene desde el año 2005 a la fecha, en cuanto a la total oposición a la reserva de carga, y, fundamentalmente, a la estipulación que se incluye en el proyecto con respecto a los servicios “feeders” y trasbordos con destino a terceros países.
El Proyecto de Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo a consideración, aprobado por los tres socios (Argentina, Brasil y Paraguay), con la ausencia de Uruguay en el 2005 establece la reserva de carga para buques del Mercosur en los siguientes tráficos:
– Cualquier tráfico marítimo.
– Tráfico internacional del Río de la Plata.
– Remolque de mercaderías, barcazas.
– Feeder y transbordos con destino a terceros países.
La disposición del Acuerdo va contra la tradición del país e implica una amenaza al Puerto de Montevideo, constituye un atentado contra el tránsito de mercadería por nuestra principal terminal portuaria, afecta a los intereses generales de nuestro comercio exterior e internacional y del sector logístico del país.
Esta afectación que se replicará en agentes de comercio exterior de países vecinos que encuentran en el Puerto de Montevideo una plataforma eficiente para sus negocios.
El rechazo desde el 2005 está basado en que se afectarían las operaciones de nuestros puertos que se nutren de trasbordos de cargas de los diversos países de la región.
Montevideo es un puerto “hub”, un puerto concentrador, más del 50 % de su actividad es el manipuleo de carga en tránsito, favorecido por la ventaja comparativa de la libre circulación de mercaderías, régimen de puerto libre, creado por la Ley de Puertos aprobada en 1992.
La disposición de reserva de carga propuesta en el Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo, afectaría contraproducentemente la performance de los desarrolladores, operadores logísticos y clientes en los Centros logísticos de Zonas Francas en su 2 performance de nivel de servicios, optimización en la gestión de inventarios, conectividad expedita, costos logísticos y cumplimiento de contratos de fletes multimodales, así como en la omnicanalidad.
El proyecto afecta la eficiencia y no se analiza el encarecimiento de costos de los productos exportables de la región.
De aprobarse un acuerdo de este tipo los fletes marítimos del comercio internacional del país quedarán a expensas de un limitado grupo de armadores de las naciones integrantes del MERCOSUR, con una única e insuficiente y burocrática cláusula de escape, consistente en habilitar cargas a terceras compañías fuera del sistema, en tanto no existan servicios disponibles en las líneas de las banderas de la región.
Nuestro comercio exterior puede quedar de rehén de situaciones que afecten la competitividad de la producción nacional en el mundo, en el momento que se busca denodadamente la diversificación de mercados, y podrán elevarse los costos de producción y consumo interno de importantes actividades.
Nuestro País necesita estimular la competencia, abrir las fronteras para reducir los fletes y proveer a los exportadores e importadores los beneficios de la ampliación y modernización del transporte.
Esta medida, totalmente proteccionista, nos llevaría a aislar a la economía nacional del ámbito internacional y sería inminente un incremento de fletes considerando que, por ejemplo, hoy el costo corriente de una bandera del bloque, sin tener un mercado cautivo, es muy superior a un charter de tercera bandera.
La volatilidad de las mercaderías en tránsito y la falta de flexibilidad en el transporte pondrán en riesgo a nuestra principal terminal como puerto hub y al país como centro de distribución regional, afectando toda la actividad logística.
La viabilidad del Uruguay Logístico depende directamente del mantenimiento del flujo de tránsito y, este, de la libertad de bandera.
La carga en tránsito contribuye a financiar los costos de escala de los buques y por ende a la rebaja de fletes y a la disponibilidad de bodega para nuestro comercio exterior.
El cambio de las reglas de juego para los Armadores de Ultramar que recalan los puertos del bloque obligará al replanteo de los tráficos.
El borrador del Acuerdo alcanza al transporte de las unidades vacías.
No permitir que un armador internacional pueda reposicionar unidades vacías con sus propios buques entre los puertos del Mercosur, es un grave atentado al concepto de polo logístico.
Conclusiones
El sector privado no está de acuerdo se constituya en una traba al desarrollo de nuestro comercio internacional y de la economía de nuestro país.
Es deseable que se siga el ejemplo de otros bloques económicos, por ejemplo, la Unión Europea, y en nuestro continente, la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Ambos bloques han avanzado significativamente en la eliminación de las reservas de carga y en las restricciones al transporte regional, por cuanto estos regímenes restringen la oferta de mercado, con un encarecimiento del mismo, limitando los derechos de los países de la región y también de terceros.
En este contexto reclamamos igualdad en las condiciones de navegabilidad para todas las banderas en la región, sin excepciones.
Con relación al Proyecto de Acuerdo Multilateral de Transporte Marítimo del Mercosur, en conclusión, tal como está redactado, no genera ningún beneficio para la Marina Mercante Uruguaya y encierra una amenaza para el Puerto de Montevideo, y para nuestro comercio exterior e internacional.
Aumentarán los valores de los fletes marítimos por los altos costos de las banderas del bloque, se pagarán servicios portuarios superiores a los actuales, perjudicando la economía de escala, por perder la condición de Hub, y al perder la carga en tránsito, tanto contenedores llenos como vacíos, se afectará en definitiva al puerto de Montevideo, y al país como centro de distribución regional.
El proyecto tal como está redactado aumentará la asimetría que tiene Uruguay con los demás socios del bloque, por lo cual, manifestamos nuestro rechazo a cualquier impulso proteccionista que signifique reserva de carga regional.
