La contratación de forma directa de una consultora, por el monto de alrededor de US$ 1 millón, motivó el procesamiento del exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina, Gonzalo Mórtola, por haber incurrido en el delito de “violación de los deberes de funcionario”.
Así lo determinó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien, según informó la agencia de noticias Telam, señaló que el funcionario “no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado”.
“Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado”, mencionó el juez federal en su resolución, informó Telam.
Asimismo, la agencia de noticias indicó que “el expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma Indra para la confección de los pliegos y la planificación financiera cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área”.
En otro orden, se informó que el procesamiento no amerita prisión preventiva, pero que podría ampliarse a la figura de “defraudación contra la administración pública”.
Mórtola se desempeñó con interventor de la AGP durante la administración del presidente Mauricio Macri.