Tras la medida cautelar presentada por una de las empresas con intención de participar en la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) de la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), la justicia argentina en lo Contencioso Administrativo habilitó el tratamiento del tema en plena feria, por lo que se dará cabida en pleno enero.
Así entonces, según informó el diario local La Nación, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) “trabaja contra reloj para mirar cada detalle de la licitación para realizar un informe y elevarlo al Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, el tribunal de lo Contencioso Administrativo sostuvo que “los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida”
La Nación menciona como protagonista a la empresa belga Dredging International (DEME), cuyo reclamo debió hacerse lugar en estas fechas en virtud de los plazos que maneja el pliego de la licitación para presentar las ofertas.
Justamente, el plazo fue de los cuestionamientos más relevantes de las empresas interesadas, en el convencimiento de que no es suficiente hacer un relevamiento propio de las condiciones, ya que entienden que la información técnica presentada en el pliego fue otorgada por los anteriores operadores.
Al respecto, una de las competidoras dice que “es imposible hacerlo en este tiempo”, dado que “es una ruta fluvial compleja, con muchos kilómetros” y “no se puede relevar en este tiempo”.
Asimismo, el medio argentino cita una de las quejas, que expresa que “hay que tomar como válidos los datos que aporta un competidor (y) eso ya es una inequidad enorme”.
Uno de los inconvenientes que se ha encontrado ha tenido que ver con la sospecha de direccionamiento de la licitación hacia la concesionaria actuante y se señala la exigencia de experiencia en una vía fluvial similar, de dragado continuo y de una determinada longitud.
Sin embargo, el descargo de la empresa involucrada asegura que “todas pueden cumplir esta condición” y que “no está mal que se la pida porque es necesaria la experiencia para un trabajo de este tipo”. Asimismo, se agrega que “en la licitación de 2022 se pedían 500 kilómetros y nadie lo objetó”, cuando “ahora son 200 y todas lo pueden cumplir”.
Por otra parte, se reclama sobre la imposibilidad de que las empresas chinas pugnen por la licitación y el argumento de gobierno argentino es que el Estado se quiso retirar de la operativa de dragado en la VNT y que, por tanto, “no sería bueno que la ganadora tenga dentro de su paquete accionario un Estado soberano”, como es el caso de las empresa chinas.
Por otra parte, La Nación reseña que días atrás el gobierno disolvió la Administración General de Puertos y que el vocero Manuel Adorni argumentó que era “un antro de corrupción y privilegios”. En tanto, creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para ganar en “eficiencia y transparencia además de lograr menores costos”.
En ese sentido, se agrega que ahora a la Justicia y a la PIA no se le escapa que “la letra chica de la licitación se hizo en ese supuesto ‘antro de corrupción’”.
En este escenario, el medio señala como días claves para lo Contencioso Administrativo, que deberá tomar una decisión acerca de si la licitación sigue o no.